Las políticas educativas de las personas privadas de libertad, desde una perspectiva socio-jurídica

Abstract

El derecho a la educación de las personas privadas de libertad, responde a la obligación al Estado de garantizar, promover, respetar y proteger la educación pública, sistemática, amplia y de calidad, que contenga todos los niveles educativos formales. En este contexto nos preguntamos: ¿Qué características asumen las políticas educativas implementadas para garantizar el derecho a la educación para las personas privadas de libertad en la Unidad de Detención N° 11 de la Ciudad de Neuquén Capital en el año 2022? Para responder a esta pregunta, se ha utilizado un marco teórico que contempla la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, y, además, los aportes de la especificidad profesional desde un abordaje socio-jurídico. Metodológicamente se adoptó una lógica cualitativa y un diseño de investigación exploratorio descriptivo, a partir del cual se recolectaron datos de la política educativa y la ejecución de las mismas, brindados a partir de entrevistas con docentes pertenecientes a la modalidad de educación en contexto de encierro. El presente trabajo refleja un avance en materia de leyes y decretos, todos ellos referidos al derecho de las personas privadas de libertad a acceder a la educación pública y así como también, la existencia de políticas educativas orientadas en este sentido. Sin embargo, es importante plantear que el avance en materia de legislación debe ir acompañada de un presupuesto real, acorde a las necesidades y demandas de la población objeto; y en este sentido dicho presupuesto es insuficiente, viéndose reflejado en la falta de recursos materiales e impactando negativamente en la calidad educativa e imposibilitando el acceso real de la población a este derecho. Además de revalorizar la educación como derecho y no como premio por seguir las normas de una determinada institución.