La oralidad en el control de la hacienda pública

Abstract

Nos encontramos transitando una etapa compleja y difícil, pero al mismo apasionante por los desafíos que nos plantea. Han transcurrido casi 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, y la fecha es por demás evocativa de un pasado reciente que no permite desentenderse del presente y nos vuelve exigentes y cuidadosos a la hora de comprender y enlazar dos momentos históricos relevantes: el de la dictadura y el de la democracia. Las reflexiones no se cierran por la conmemoración, al contrario, proporcionan nuevos elementos y recursos que proyectan otras interpretaciones del tiempo histórico reciente. Los nuevos escenarios situados en nuestra sociedad civil actual, muestran la desesperada sed de nuevas formulaciones de demandas que con toda razón, no escapa a la gestión pública. Situados en este sinnúmero de transformaciones que se producen e impactan la vida cotidiana en esto que llamamos "globalización", aparece casi de forma trillada pero no menos relevante la frase clave que se repite en todos los foros actuales "los desafíos que plantea la globalización" y, a la vez, aparece como justificativo de las principales políticas públicas a adoptar por muy dolorosas que ellas puedan ser. Esta gravitación se ejerce en una situación en la que asistimos a una suerte de cambio incesante estructural, de época, civilizatorio, o de una metamorfosis de la sociedad y, cuya velocidad parece superar la capacidad de los más idóneos científicos sociales para conceptualizarlo. Estas múltiples transformaciones requieren diversificar miradas para dar cuenta de las variadas interrelaciones entre lo global y lo local, lo público y lo privado, lo individual y lo comunitario, la ganancia individual y el bien común. Transitando estos nuevos escenarios, las situaciones críticas requieren un tratamiento novedoso, tal fue el caso de lo ocurrido en nuestro país a finales del 2 año 2001, cuando una profunda crisis institucional y económica golpeó a la sociedad argentina, con mayor impacto en aquellos sectores más necesitados. Ello obligo al Estado Nacional a atender en forma prioritaria las necesidades primarias y, casi simultáneamente a diseñar y poner en práctica programas de inclusión para aquellos alcanzados por las consecuencias económicas, sociales y políticas. Todo este esfuerzo de recomposición del tejido social, debe ser acompañado por el Estado en todas sus formas. Sumidos en este estadio de cambio, la revalorización de lo local lleva a un dinamismo creciente en el nivel subnacional del Estado. Los nuevos escenarios locales muestran municipios con mayores competencias y orientaciones al desarrollo local, revelándose aquí una nueva realidad que abre espacios novedosos de gestión. A las demandas tradicionales de mayores y mejores servicios se suman otras más relacionadas con las formas de intervención y de gestión de las instituciones y con la defensa de derechos y garantías de las personas. Con lo cual, situados desde la prospectiva del presente, nuestra realidad nos invita a la revisión, para poder así ingresar a la antesala de nuevos paradigmas que nos depara la nueva conformación social globalizada. En ella, claro está los organismos púbicos no han escapado a este ritmo vertiginoso. Durante las últimas décadas han sufrido el impacto de los procesos de reformas del Estado y la sociedad, lo que ha producido un cambio profundo en su rol político, económico y social, así como en la composición y acción de los actores sociales en que ellos intervienen. Esto trae aparejado la necesidad de diversas modificaciones en los organismos de control, abriendo la puerta del nuevo mundo y mirando el control de la hacienda pública con los lentes que la globalización nos invita a estrenar. 3 De allí que surgen interrogantes para abordar este cambio y su relación con este nuevo esquema que me ha obligado a ahondar nuevas profundidades del derecho al plantearme cómo influiría la incorporación de la oralidad, característica del sistema penal acusatorio Argentino, en los procesos de rendición de cuentas de la hacienda pública por parte de los funcionarios de los tres poderes del estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial y, empresas con participación estatal mayoritaria que garanticen la transparencia de su gestión. Lo planteado se asienta sobre la base que existe una clara exigencia de la sociedad civil hacia el estado para que éste adecue sus estructuras y sus políticas a las necesidades de la realidad actual. Esto implica eficiencia, políticas sensibles capaces de dar respuesta a la complejidad de los problemas reales e instituciones dinámicas flexibles y transparentes. Necesitamos reconstruir un marco interpretativo de la nueva realidad social. La tan mentada democracia requiere de instituciones legítimas y estables y de un orden social justo y equilibrado. Sin una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y sin un compromiso más firme de los dirigentes con la transparencia de la gestión pública la democracia corre el riesgo de volverse irrelevante, vacía. De nosotros depende que eso no ocurra ya que el descuido colectivo es el peor enemigo de la democracia.