Abstract:
Promediando el Siglo XX, la búsqueda de salidas a momentos de profunda crisis,
encuadró a las políticas sociales dentro de perspectivas tendientes a recuperar el desarrollo e incorporar reformas necesarias ante el agotamiento del modelo que otorgaba al Estado la responsabilidad total tanto del financiamiento como en las funciones que las mismas involucran, esto es diseño, implementación y control. En relación a las políticas de infancia estos atravesamientos se fueron concatenando con los cambios de paradigmas que ponen en el centro de la cuestión tanto la condición ciudadana de l@s niñ@s y adolescentes, el rol de sus entornos familiares, las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales -que los tienen como receptores- y a la comunidad toda. En la provincia de Rio Negro las adecuaciones legislativas se plasmaron en las leyes de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia que contienen importantes avances en cuanto a la distribución de funciones del aparato estatal. La conformación de Consejos Locales, su nucleamiento en el CONIAR -órgano máximo para el diseño y ejecución de la política pública de infancia- son muestra de ello. Al mismo tiempo estos dispositivos, escenarios de la institucionalidad social parecen convertirse en estrategias de intervención para los Trabajadores Sociales. En este trabajo se plantean algunos interrogantes ante los desafíos que implica la nueva institucionalidad para la profesión del Trabajo Social como así también el necesario acercamiento pendiente entre los procesos de formación y estas temáticas que se corresponden con el campo socio-jurídico (objeto de indagación de un proyecto de investigación). Por tanto surge la necesidad de participar en los debate y en esta revisión sobre las perspectivas teóricas requeridas por la profesión del Trabajo Social para enriquecer la lectura de la realidad en los complejos escenarios de intervención.